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13 de enero de 2020

Declaración – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

06.12.2019.- En el contexto del anuncio en orden a avanzar en un Proyecto de Ley sobre el derecho a reunión pacífica.

Dentro de la agenda legislativa 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dada a conocer ayer, se incluye un proyecto de ley en estudio referido al derecho a reunión. La voluntad del Gobierno, en orden a avanzar en una nueva regulación del ejercicio del derecho a reunión pacifica, mediante la discusión de un proyecto de ley; obedece a un llamado que se nos ha venido realizando hace tiempo tanto desde los organismos internacionales de derechos humanos como desde las instituciones autónomas de derechos humanos, tales como el INDH.

Cabe hacer presente, que ha habido interés también por parte del Poder Legislativo para generar cambios normativos en la regulación actual del derecho a reunión. Así, por ejemplo, podemos destacar una moción parlamentaria presentada por el diputado Gutiérrez y la diputada Vallejo, entre otros, cuyo objeto es ajustar la regulación actual a las disposiciones del Derecho Internacional sobre esta materia, estableciendo como materia de ley las condiciones y limitaciones por las cuales se podrá ejercer el derecho a reunirse pacíficamente en lugares públicos.

Como Estado, hemos recibido variadas recomendaciones desde diversos organismos internacionales, las que junto con valorar el reconocimiento constitucional del derecho a reunión, instan al país a trabajar en una regulación legal de las condiciones de ejercicio de tal derecho. Así lo ha sostenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de Naciones Unidas de los Derechos del Niño.

En democracias consolidadas, como es el caso de Francia, España y EE.UU., entre otras, el derecho a reunión pacifica es reconocido y consagrado constitucionalmente y las condiciones de su ejercicio son reguladas mediante una ley.

En este sentido, es de gran importancia el Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación respecto a su misión a Chile, quien en 2016 hizo un estudio acabado sobre este tema. El Relator hizo un llamado para regular el derecho de reunión pacífica conforme a los estándares internacionales de DD.HH.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha señalado, desde su constitución a la fecha y de manera reiterada, que la regulación del derecho de reunión en Chile no cumple con el requisito establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, respecto a que las eventuales restricciones a este derecho deben estar establecidas por ley. De este modo, ha recomendado avanzar en la regulación del derecho de reunión por medio de una ley que integre y acoja las más diversas formas de su ejercicio, y que sea producto de una deliberación amplia y participativa respecto de las características del orden público que la sociedad desea.

Como Gobierno, nuestra voluntad en esta materia es hacerse cargo e implementar las recomendaciones que los organismos internacionales y nacionales han realizado al respecto e, iniciar una discusión amplia en el Parlamento, con el fin de acordar una normativa legal que obedezca a los estándares internacionales, incorpore lo señalado por el derecho internacional de los derechos humanos, y sea objeto del más amplio consenso nacional.

De este modo, realizaremos desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos un trabajo pre-legislativo, con el objeto de reunir las opiniones de todos los sectores políticos, la sociedad civil, la Academia y las instituciones autónomas de derechos humanos, e incluir sus visiones en el proyecto de ley que propondremos al Presidente de la República.

Nuestra intención es sostener un debate serio y ponderado, para ello trabajaremos para discutir en profundidad todos los elementos que deben ser incorporados en una iniciativa legal que busque establecer las condiciones y eventuales limitaciones por las cuales se podrá ejercer el derecho a reunión pacífica.