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13 de marzo de 2020

Respuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al comunicado de ACNUDH

13.03.2019.- En el contexto de las declaraciones del representante para América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

El 24 de octubre pasado, el Gobierno de Chile invitó a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) a revisar la situación del país tras el inicio de las movilizaciones sociales. Esta visita se concretó entre el 31 de octubre y el 22 de noviembre del año pasado, al término de la cual la misión agradeció la cooperación y transparencia del Gobierno, así como de los demás órganos del Estado.

Durante la octava sesión del Comité Interministerial de Derechos Humanos -22 de noviembre- presidida por el Presidente Piñera, se acordó la creación del Comité Técnico Asesor en Derechos Humanos, constituido el 03 de diciembre, con la participación de representantes técnicos de los ministerios que forman parte del Comité Interministerial; así como de otras instituciones del Estado (Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública); y como observadores, representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Defensoría de la Niñez, ACNUDH y Unicef.

Una de las líneas de trabajo de este Comité Técnico Asesor, dice relación con la coordinación interinstitucional para abordar las recomendaciones recibidas por parte de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos (Subcomité 4).

La primera tarea de este grupo fue la revisión de las recomendaciones del informe de Human Rights Watch, entre el 06 y 20 de diciembre. Instancia que contó con la participación de las instituciones antes referidas, exceptuando a ACNUDH y Unicef, que comunicaron su decisión de no hacerlo. Asimismo, entregaron sus opiniones el profesor Mauricio Duce y el abogado Francisco Cox, y la representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, como organismo observador.

El trabajo culminó en un informe que se entregó al Consejo para la Reforma de Carabineros el 27 de diciembre, y que fue presentado ante el Comité Interministerial de Derechos Humanos el 30 de enero de 2020. Este informe se encuentra disponible en la página web de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

El 13 de diciembre ACNUDH publicó su Informe sobre la visita Chile, considerando 21 recomendaciones para el Estado. Entre aquellas, la de “establecer un mecanismo de seguimiento, con la Oficina Regional de la ACNUDH para América del Sur (ROSA) e incluir la participación de la sociedad civil, para evaluar, dentro de tres meses, la implementación de las recomendaciones anteriores, así como las de otros mecanismos internacionales de derechos humanos. El mecanismo debe tener por norte el establecimiento de medidas para evitar la repetición de tales eventos. Los resultados del trabajo de dicho mecanismo deben hacerse públicos”.

Fue así, que las recomendaciones del informe de ACNUDH -así como las que posteriormente entregaría el INDH el día 24 de diciembre- se sumaron al trabajo del Subcomité 4, instancia responsable de coordinar interinstitucionalmente propuestas para el seguimiento e implementación de las diversas recomendaciones.

La Subsecretaría de Derechos Humanos elaboró, durante las primeras semanas de enero, una propuesta metodológica para continuar con el trabajo del Subcomité. Esta fue compartida en una reunión de trabajo el día 17 de enero, con representantes de ACNUDH Chile y del INDH, generando un espacio de diálogo para incorporar mejoras a la propuesta inicial. Los dos profesionales de ACNUDH participaron activamente y acordaron la propuesta de trabajo presentada, reconociendo la labor que la Subsecretaría está realizando. Cabe mencionar que la propuesta considera la participación de la sociedad civil en diferentes momentos, y ambos organismos ofrecieron su colaboración para promover esas instancias, lo que agradecemos.

El 22 de enero sesionó el Subcomité señalado, en el que participan representantes de Presidencia, Ministerio de Interior y Seguridad Pública; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Salud; Ministerio de Defensa; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Ministerio de la Mujer y Equidad de Género; Ministerio de Desarrollo Social; Poder Judicial; Ministerio Público; Instituto Nacional de Derechos Humanos; Defensoría de la Niñez, además de representantes de ACNUDH, Unicef, ONU Mujeres, OMS y el CICR. Y recientemente, ha sido invitada a participar también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considerando que posteriormente se agregarán las recomendaciones que resulten de la visita realizada a fines de enero a nuestro país.

En dicha sesión, se acordó priorizar las recomendaciones tanto de INDH, ACNUDH como de HRW, en torno a criterios sugeridos por los mismos participantes. Con la información recibida, se ha trabajado en la propuesta final que será presentada en la sesión de la próxima semana a todos los integrantes del Subcomité. En una primera etapa, se trabajará en el levantamiento de acciones o iniciativas que se hayan realizado o comprometido para abordar una o más recomendaciones. Con tal objeto, la Subsecretaría de Derechos Humanos, ha solicitado esta semana a las diversas instituciones públicas vinculadas a las recomendaciones, informar acerca de dichas medidas, para su adecuada sistematización y evaluar los pasos a seguir.

Además, los días 24 de febrero y 10 de marzo, la Subsecretaría de Derechos Humanos sostuvo reuniones con los representantes de ACNUDH, para continuar el trabajo en conjunto y apoyar la labor de la Subsecretaría en relación a las recomendaciones del informe, así como otros temas en los que se trabajará en conjunto.

Con el fin de facilitar uno de los pilares fundamentales del enfoque basado en derechos humanos, esto es, la participación, la Subsecretaría ha desarrollado un documento marco que contiene orientaciones y herramientas para incorporar espacios de participación en la labor del Comité y sus Subcomités. Este documento será sometido a revisión y aprobación del Comité Técnico Asesor en su próxima sesión, para que sea transversalmente aplicado en su trabajo.

Por su parte, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dará cuenta en los próximos días el resultado del trabajo del Consejo para la Reforma de Carabineros, considerando las acciones que se han llevado a cabo durante los meses de enero, febrero y marzo, respecto de algunas recomendaciones específicas realizadas a Carabineros de Chile. Algunas de ellas ya han sido dadas a conocer, tales como el uso de cámaras corporales para funcionarios que intervengan en operaciones de control del orden público; cursos de capacitación en derechos humanos; reentrenamiento policial; la disposición de insumos necesarios para el resguardo del orden público, y en el desarrollo de un trabajo de evaluación continua.

En particular, respecto a las recomendaciones sobre estándares del protocolo de uso de escopetas antidisturbios, el 21 de noviembre se inició un nuevo proceso de revisión, coordinado desde Ministerio del Interior e incorporando al INDH, la Defensoría de la Niñez y representantes de la sociedad civil. Asimismo, se creó una mesa de trabajo con Carabineros y la Subsecretaría de Redes Asistenciales, para un nuevo protocolo para la constatación de lesiones.

Finalmente, nuestro Gobierno ha impulsado una serie de propuestas sustantivas; coherentes con recomendaciones que van a lo más profundo de las demandas sociales, por ejemplo, en materia de aumento de pensiones para los más vulnerables y la clase media; la creación del Ingreso Mínimo Garantizado; Reforma a Fonasa, Isapres y Cenabast; la estabilización del precio del transporte público, electricidad, agua y peajes; además de un conjunto de acciones para combatir los abusos y privilegios, en contra de las colusiones, los carteles empresariales y los delitos económicos, fortaleciendo los derechos de los consumidores y de los trabajadores.

Es nuestro compromiso, y lo ha sido desde el mismo momento en que tempranamente se invitó a organismos internacionales; así como se aseguró el trabajo de los órganos autónomos nacionales de derechos humanos; la máxima transparencia respecto de la situación de los derechos humanos en nuestro país. Y es un compromiso permanente de todas las instituciones del Gobierno, en particular de aquellas vinculadas directamente a la promoción y protección de los derechos humanos, llevar adelante todas las acciones que sean necesarias para resguardar de mejor manera la dignidad de todas las personas que habitan nuestro país.